Es tiempo de que los estudiantes universitarios realicen sus matrículas. Los que ya lo han hecho habrán notado el sustancial aumento de las tasas. ¿La razón? Lograr la ansiada estabilidad presupuestaria. Los recortes del ejecutivo han hecho que los rectores se hayan postulado en contra de estas medidas, y critican que se hayan tomado a sus espaldas.
Estabilidad presupuestaria. Ese es el mantra que los miembros del Ejecutivo repiten una y otra vez. Estabilidad presupuestaria. Hay que lograrla, y al precio que sea. En el ámbito de la educación universitaria la cosa no cambia.
Son muchas las voces que a lo largo de los años han ido pidiendo una reforma estructural del sistema universitario español. José Ignacio Wert, al poco tiempo de ser nombrado ministro de Educación, Cultura y Deporte, declaró que la Universidad necesita una reestructuración, y que él la iba a acometer. “No tenemos una sola institución española que en los escalafones internacionalmente aceptados figure entre las 150 primeras del mundo, y éste es un problema que nos tenemos que plantear”, aseguró el ministro.
A principios del pasado mes de abril Wert anunció que se iba a crear una comisión de expertos que, en el plazo de seis meses, se encargaría de evaluar la situación de la enseñanza superior española y transmitir sus recomendaciones al Ejecutivo. Esto hizo pensar a muchos que por fin el Gobierno se había puesto manos a la obra e iba a dejarse aconsejar por expertos e iba a acometer con la ansiada reforma que tanto tiempo se había esperado.
El “Decreto Wert”
Sin embargo, tan sólo una semana después del anuncio de la creación de la susodicha comisión, el Gobierno promulgó el Decreto-Ley que los medios de comunicación bautizaron como “Decreto Wert”, en el que se fijaba una fuerte subida de las tasas universitarias entre otras muchas medidas.
Hasta ahora los estudiantes pagaban de media un 15% del coste de la matrícula, y del 85% restante se encargaba en Gobierno. A partir de la aprobación del citado decreto, los estudiantes pasarán a pagar un 25% en la primera matrícula de títulos de grado y másteres. En la práctica esto se traduce a que de media los estudiantes verán encarecida su matrícula en 540 euros.
Pero para aquellos que tengan que volver a cursar una asignatura el varapalo es mucho mayor. Los estudiantes deberán abonar entre el 30 y el 40% de la segunda matrícula, entre el 65 y el 75% de la tercera, y entre el 90 y el 100% a partir de la cuarta.
Sin embargo, tal y como se explica desde el ministerio, son las Comunidades Autónomas las que, en función de estos márgenes, deben fijar cuál será exactamente la subida de las tasas. Así mismo tendrán que fijar el número mínimo de alumnos que debe tener una titulación para que esta pueda ser cursada. Desde el Ministerio aseguran que "casi el 30% de los título comienza con menos del número mínimo de alumnos para garantizar su viabilidad económica (50 estudiantes)".
Y las medidas no acaban ahí. En el Decreto Ley se establece que, para cumplir siempre con el cuasi sagrado principio de estabilidad presupuestaria, las universidades tendrán que aprobar un límite máximo de gasto de carácter anual que no podrá rebasarse. Serán las Comunidades Autónomas las encargadas de vigilar y penalizar a aquellas que incumplan el límite de gasto.
Todo esto se suma al recorte del 11,54% en la partida de becas de los Presupuesto General de 2012, lo que se traduce en 165 millones de euros menos en la inversión de prestaciones y ayudas a los estudiantes. Además, se exigirá más nota a aquellos estudiantes que quieran optar a estas ayudas. Es decir, el aumento del coste de las matrículas universitarias no se ve compensado con más becas.
Los rectores, en contra
Mientras que el Ejecutivo ve en estas medidas una oportunidad de sanear las cuentas de las universidades, otros muchos ven que la subida de tasas tendrá como principal consecuencia la agudización de la brecha que separa a aquellos con más recursos de los que no, que cada vez ven más difícil su ingreso en la universidad.
Los rectores que se han postulado en contra de estas medidas, y critican que se hayan tomado a espaldas de ellos. Daniel Peña, de la Carlos III de Madrid, asegura que este Decreto-Ley "va en contra de la igualdad de oportunidades" de los alumnos pues "muchos no van a poder estudiar o lo van a hacer con muchas dificultades".
Pedro Molina, rector la Universidad de Almería, asegura que esta no es la solución que necesita el sistema universitario, sino que es "pan para hoy y hambre para mañana"; además ha señalado que va a suponer "un empobrecimiento muy duro y un ataque directo sobre las rentas medias", más aún "si no va acompañado de un sistema de becas para quienes carecen de capacidad económica".
El rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, considera que la subida de tasas es contraproducente, pues "no supondrá un incremento de la financiación de las universidades, sino una disminución en el número de alumnos y un encarecimiento de los estudios".
Pese a todas estas críticas Wert es tajante, “no hay marcha atrás”.
En el siguiente artículo analizaremos la respuesta de los estudiantes y de las Comunidades Autónomas.