Esta semana conocíamos los datos del último Observatorio de la Piratería que anualmente realiza la Coalición de Creadores e Industrias Culturales, y los datos no podían ser peores: La mitad de los usuarios descarga ilegalmente contenidos culturales. El valor total de lo descargado, como resaltamos en RitmosXXI.com, asciende a más de 15.000 millones de euros, lo que supone un aumento del 41% con respecto al año pasado.
Con la Ley Sinde-Wert en marcha desde hace un año, las conclusiones que se deslizan de estos datos saltan a primera vista: la norma es un fracaso total. No sólo no ha conseguido reducir el volumen de piratería, sino que además durante el año que lleva vigente, ésta ha aumentado. El Gobierno reaccionó apenas unas horas después de que los periódicos recogiesen las noticias sobre el Observatorio de la Coalición. María Teresa Lizaranzu – como informó RitmosXXI.com – salió a la palestra como presidenta de la Comisión de Propiedad Intelectual, y aseguró que el Ejecutivo pretende cambiar la ley para hacerla más ágil y eficaz.
El problema de fondo es que esa Ley nació muerta, sin saber cómo podría hacerse efectiva. La Comisión que la norma articuló para la toma de decisiones en cuanto al cierre de webs se ha mostrado ineficaz y lenta – como casi toda la Administración -. La ministra González-Sinde se arrogó la capacidad de cerrar páginas webs sin que un juez mediase en el asunto, y José Ignacio Wert mantuvo esa capacidad cuando el Gobierno del PP aprobó la norma en junio de 2012.
La Comisión, las asociaciones de gestión de derechos y el desprestigio
El nombre: Comisión de Propiedad Intelectual, da juego a las malas lenguas para no pocas bromas comparándola con la Comisión de la Cosa Nostra. Pero dejemos a un lado el malísimo gusto del Estado para denominar a sus departamentos y grupos de trabajo. Según hemos podido saber, sus integrantes achacan los datos a “problemas formales”, es decir; a expedientes mal presentados, aluvión de denuncias sin fundamento… Vamos, la casa de tócame Roque, a lo que además hemos de añadir el desprestigio creciente de las asociaciones de gestión de derechos, como la SGAE o EGEDA.
La Comisión nació con el apelativo de Inquisición, Organismo de Censura. Y no se supo contrarrestar esa campaña de desprestigio (orquestada, por cierto). El Ejecutivo no hizo nada por hacer entender a la sociedad que aquel no era un órgano para limitar la libertad de los usuarios, sino para hacer valer la Ley. Pero claro, ¿cómo vas a defender eso, si no hay jueces por ningún lado? La ausencia de la judicatura en el proceso de cierres de páginas web, resta autoridad al asunto.
Por otro lado, las asociaciones de gestión de derechos, en especial la SGAE, fueron llevadas al cadalso público (o por mejor decir; de lo publicado) y condenadas ante la sociedad. El afán recaudatorio desmedido que gobernó las actuaciones de alguna de estas instituciones, cobrando a peluquerías y pequeños comercios, les ha salido caro. Si bien es cierto, que actuaban con todo el respaldo de la ley. Lo cual demuestra, que muchas veces el sentido común vale más que muchas leyes.
Urge que estas organizaciones, benéficas para nuestra cultura sobre el papel, realicen una reflexión profunda sobre sus objetivos y las maneras de llevarlos a cabo. Y sobre todo, urge sobremanera que se limpien la cara, que se muestren a la sociedad como defensoras de la cultura, que (al menos sobre el papel) es lo que son y no como recaudadores de impuestos.
Es una ley de superficie, no de fondo
Es una Ley que defectos. Se pergeñó de forma extraña; con enfrentamientos en los Consejos de Ministros; la Asociación de Internautas y Enrique Dans movilizando a los usuarios; sonoros pitidos en los Goya… Pero si hay un defecto que se le puede achacar es la superficialidad.
Si algo tiene Internet es que el usuario puede hacer prácticamente lo que quiera. Es tal su magnitud, que pretender acabar con la piratería a base de prohibir y perseguir se convierte en una tarea infructuosa y absurda (sobre todo cuando no se toman las decisiones cuando hay que tomarlas). Como casi todos los problemas sociales, su solución pasa por la educación. Hay que mostrar la realidad a la sociedad, el daño que hace la piratería a miles de familias.
Hace unos días, tuve la oportunidad de compartir mantel con uno de los productores de cine más importantes de nuestro país. En su momento se significó públicamente al apoyar la Ley Sinde-Wert, pero en privado comentaba, y así me lo reconoció, que la norma “no servirá para nada”. Internet siempre irá más rápido que la Ley y que cualquier Comisión. “Lo que hay que hacer es borrar ese tópicazo de que a Bardem no le va a afectar que te descargues su última película. Seguramente a él no le afecte, pero ¿el iluminador, y el productor que se ha jugado su dinero o los operarios?”
Los que hemos tenido la oportunidad de conocer el mundo del cine, lo sabemos. En una película, lo que menos hay son estrellas. La mayoría son trabajadores, empleados que se encargan de poner un andamio para un cámara, peluqueras o maquilladores… Y esa gente también tiene que comer y pagar su casa y el colegio de sus hijos.
Tiene razón este productor. A Bardem o Penélope o Banderas, seguramente no les afecte que se descarguen películas, pero el cine es mucho más. En este sentido, merecen unas líneas los productores. Estos señores no son multimillonarios que, como se aburren, ponen unos millones de euros para hacer una película. Son personas que se están jugando su dinero, invirtiendo. Son los motores de la industria del cine. Y si pierden su dinero, que sea porque la película es mala, no porque la ha visto toda España, sin que nadie haya pagado una entrada de cine.
En este punto, las Asociaciones y Federaciones que representan a la industria cinematográfica y discográfica tienen una tarea pendiente: mostrar la verdadera cara del mundo del cine – que no es la alfombra roja de los Goya -, y de la música, mostrar a la sociedad lo que cuesta, en términos económico y humanos, hacer una película o grabar un disco… En definitiva, educar a la sociedad, mostrarle la realidad y no los oropeles y fastos de las galas.
Hasta que la sociedad no se conciencie de lo que conlleva la piratería, ésta no acabará por muchas leyes y comisiones que se hagan.
¿Hasta cuándo va a poder soportar nuestra cultura la piratería?
Parafraseando a Cicerón (Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?: ¿Hasta cuando, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?), esa es la pregunta que hoy deberían hacerse todas las personas que de una o de otra forma consumen productos culturales, ya sea de forma legal o ilegal.
15.000 millones de euros, son muchos euros. Y en contra de lo que muchos nos hacen ver, no son todos los millones para un señor gordo y con bigote que se relame sentado en su sillón pensando en lo muchísimo que gana. Ese dinero es de miles de familias que han dejado de recibirlo, de profesionales de la cultura que están sin trabajo…
Esa es la pregunta: ¿Hasta cuándo va a poder soportar nuestra cultura la piratería?.